Article publicat per Vicenç Navarro al diari PÚBLICO, 30 de setembre de 2012
Estos últimos días de septiembre ocurrieron cuatro hechos que definen con toda claridad la raíz del problema al que España se enfrenta. Uno fue la presentación del presupuesto por parte del Gobierno español en el que se indica que el Estado tendrá que pagar casi 40.000 millones de euros a los acreedores (la mayoría bancos extranjeros y españoles) para cubrir lo que se les debe como consecuencia de tener que abonarles los intereses de la deuda pública española que poseen....
Hoy, la influencia de la banca sobre la sociedad española rebasa cualquier límite tolerable en un sistema democrático. Todos –desde los partidos políticos, a la prensa, las empresas y las familias– están enormemente endeudados con la banca. La actitud tan poco crítica de los medios de información hacia el comportamiento de la banca y su dominio de la vida política y mediática del país se basa precisamente en este hecho. En lugar de denunciar esta relación obvia entre las instituciones financieras y las instituciones políticas, los medios de mayor difusión y los partidos mayoritarios atribuyen el endeudamiento al comportamiento supuestamente irresponsable de las familias, de las pequeñas y medianas empresas (las grandes tienen ya más dinero de lo que necesitan para invertir) y del Estado. Es lo que se llama en inglés, el “victim blaming”, es decir responsabilizar a la víctima de su propia tragedia....
En tal argumentación se ignoran y/u
ocultan varios hechos. El endeudamiento de las familias se debe a la
disminución de su capacidad adquisitiva, resultado del descenso de las
rentas del trabajo como porcentaje de la renta total del país, descenso
que ha sido mucho más acentuado durante los últimos años debido a las
reformas laborales y a la disminución salarial que tales reformas
intentaron y alcanzaron exitosamente.
El endeudamiento de las medianas y
pequeñas empresas se debe, en parte, al descenso de la demanda de sus
productos y servicios, consecuencia de la disminución de la capacidad
adquisitiva de las clases populares y también a la gran carestía del
crédito, resultado de la desviación de la actividad crediticia de la
banca hacia actividades especulativas más rentables como las inversiones
inmobiliarias, habiéndose establecido el maridaje banca-sector
inmobiliario que llevó al desastre.
El endeudamiento del estado se debe a
las políticas fiscales regresivas que han beneficiado sistemáticamente a
las rentas del capital y a las rentas superiores a costa de las rentas
del trabajo. Esta regresividad explica la gran pobreza del estado (los
ingresos al estado español son los más bajos de la UE-15, un 31% del
PIB, comparado con un 44% en el promedio de la UE-15 y un 54% en
Suecia). Y este problema se acentuó todavía más mediante las reformas
fiscales regresivas aprobadas en el momento de expansión económica
(estimulada por la burbuja inmobiliaria). Así, como resultado de la
reforma tributaria del 2006, el estado dejó de recoger en 2008 19.600
millones de euros (según los datos del Servicio de Estudios y
Estadísticas Fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas). Los
impuestos sobre el capital descendieron un 39% y los de las rentas
superiores un 11%.
España no se hubiera endeudado tanto si hubiera tenido un sistema
tributario más justo y más avanzado. La bajada de impuestos explica que
el estado tuviera que pedir prestado a los bancos para cubrir el agujero
creado en sus arcas precisamente como consecuencia de la bajada de
impuestos a las rentas del capital y rentas superiores. Como resultado
de esta situación, el estado, además de bajarles los impuestos a los
súper ricos, ahora les paga unos intereses muy altos, a través de los
bancos, por los bonos que han comprado con el dinero conseguido en los
recortes de impuestos.
Es decir que el estado pide dinero (que tendrá que devolver el propio
estado, pagado por el ciudadano español) a las autoridades de la
eurozona, donde la banca alemana es muy influyente, para ayudar a la
banca, asegurándose así que no quiebre y que se pague a la banca alemana
(entre otras).
Y todas estas políticas se presentan
como las únicas posibles, negando y ocultando la evidencia fácilmente
accesible de que sí las hay. El BCE podría actuar, por ejemplo, como un
banco central, con el objetivo de estimular la economía y no sólo
controlar la inflación. El estado español podría haber tenido ya en
anteriores presupuestos y en los actuales una política fiscal mucho más
progresiva, de manera que en lugar de recortar las pensiones (para
conseguir 1.200 millones de euros) podría haber mantenido el impuesto de
patrimonio (consiguiendo 2.100 millones) o anulado la bajada del
impuesto de sucesiones (consiguiendo 2.552 millones) o anulado la bajada
de impuestos a las personas que ingresen más de 120.000 euros al año
(consiguiendo 2.500 millones). O en lugar de recortar 6.000 millones en
sanidad, podrían haber anulado la bajada del impuesto de sociedades de
las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y
que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), consiguiendo con
ello 5.300 millones.
O en lugar de recortar 200 millones a
los servicios de atención a las personas con dependencias, podrían haber
eliminado el subsidio del estado a la Iglesia Católica para que enseñe
religión católica en las escuelas públicas del estado. Y así una larga,
larga lista mostrando que sí que hay alternativas, como Juan Torres,
Alberto Garzón y yo hemos documentado en el libro Hay alternativas.
El cuarto hecho: las movilizaciones del movimiento 15-M y otros
movimientos para denunciar al Congreso, en Madrid. Fue sabio de este
movimiento renunciar a la ocupación del congreso. Pero fue digno de ser
aplaudido que intentaran denunciar lo que estaba ocurriendo dentro de
él, pues los otros tres hechos son un indicador de la violación a la
democracia que está ocurriendo en España. Ninguna de tales políticas
traducidas en aquellos tres hechos tiene un mandato popular. Hoy, la
mayoría del Congreso es un instrumento que claramente ni representa ni
está al servicio de la mayoría de la población española. Sus políticas
no han sido aprobadas por la ciudadanía española. No son los que se
manifiestan los que están atacando a la democracia sino los que están
dentro (refiriéndome a los partidos que están aprobando tales políticas
sin mandato popular) que están violando la democracia.
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